La orden de otorgamiento de la fuerza pública contra un inmueble del pelotero de Grandes Ligas, José Bernabé Reyes Toribio, fue emitida por el Ministerio Público de Santiago de los Caballeros en contraposición al procedimiento judicial y usurpando las funciones de la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de esta jurisdicción, que no ha emitido ningún fallo condenatorio, lo que pone de relieve una mafia existente en esta localidad. Este miércoles, el Ministerio Público de la ciudad de Santiago de los Caballeros emitió la orden de fuerza pública contra Reyes Toribio, alegando incumplimiento de pago de cuotas atrasadas de mantenimiento sobre un caso que está judicializado, y del cual han sido saldados todos los compromisos relativos a matenimiento de condominio, tal y como certififica el volante de pago recibido por la administración de la Torre DO de esta ciudad, el 12 de marzo de este año, lo que evidencia que a pesar de estar en espera de la decisión de los tribunales, tampoco existe la deuda por este apartamento.
En ese sentido, José Reyes “La Melaza” hace un llamado al Presidente de la República Danilo Medina, al presidente de la Suprema Corte de Justicia Henry Molina y al procurador general de la República Jean Alain Rodríguez para que que ordenen una profunda investigación de una estructura mafiosa que opera en conturvenio con el Ministerio Público de la provincia de Santiago. Los abogados del beisbolista Reyes Toribio, Delvis Valdez y Joaquín Benezario afirman que su representado no tiene deuda con la Torre DO donde posee un inmueble como propiedad, y que este comportamiento del Ministerio Público responde a una mafia estructurada existente en Santiago, que se utiliza para presionar desde las instancias con poder público con el objetivo de arrinconar a los ciudadanos honestos.
Los juristas expresaron que efectivamente existe una Demanda en Nulidad, sometida por la parte demandante del deportista a la espera de fallo de la Segunda Sala Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia, del Distrito Judicial de Santiago, con el expediente marcado con el número 366-2018-ECIV-00421, que quedó en estado de fallo el 13 de marzo de año 2019, y sobre el cual el tribunal apoderado, hasta la fecha, no ha emitido ninguna sentencia.
“Nuestro defendido es un destacado jugador de Grandes Ligas que invierte sus recursos en nuestro país en diversos sectores de la economía nacional, y ante el atropello de que es objeto manifiesta su queja ante la inseguridad jurídica que prevalence en la República Dominicana”, expresaron Valdez y Benezario.
