El juez de la Instrucción de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Francisco Ortega, dispuso este miércoles prisión de un año para Ángel Rondón y nueve meses para Víctor Díaz Rúa, y el abogado Conrado Pittaluga. De seis meses para el ministro de Industria y Comercio, Juan Temístocles Montás; Andrés Baustita, presidente del PRM y ex presidente del Senado. Los dos a cumplir la coerción en Najayo Hombres. Igualmente, para César Sánchez, ex vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), y a Máximo D Oleo, tres meses en la misma prisión.
Para Radhamés Segura, ex vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), y Roberto Rodríguez, ex director del Instituto Dominicano de Aguas Potables (Inapa) le impuso nueve meses de arresto domiciliario.
En tanto que impuso el pago de una fianza de cinco millones de pesos como garantía económica e impedimento de salida contra los senadores Tommy Galán -San Cristóbal- y Julio César Valentín -Santiago, y el diputado -DN- Alfredo Pachecho, quien fue presidente de la Cámara de Diputados.
El magistrado declaró complejo el proceso y otorgó ocho meses al Ministerio Público para completar el proceso de investigación. De igual modo, dio un plazo de 20 días a los imputados para que puedan apelar el veredicto de coerción que les fue impuesto.
Para Radhamés Segura, ex vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), y Roberto Rodríguez, ex director del Instituto Dominicano de Aguas Potables (Inapa) le impuso nueve meses de arresto domiciliario.
En tanto que impuso el pago de una fianza de cinco millones de pesos como garantía económica e impedimento de salida contra los senadores Tommy Galán -San Cristóbal- y Julio César Valentín -Santiago, y el diputado -DN- Alfredo Pachecho, quien fue presidente de la Cámara de Diputados.
El magistrado declaró complejo el proceso y otorgó ocho meses al Ministerio Público para completar el proceso de investigación. De igual modo, dio un plazo de 20 días a los imputados para que puedan apelar el veredicto de coerción que les fue impuesto.
