NUEVA YORK.- El dominicano Leandro Arriaga, llegó en una yola a Puerto Rico hace 16 años, fue detenido por guardias de inmigración y firmó un formulario para regresar voluntariamente a la República Dominicana, pero en vez de eso, logró cruzar a los Estados Unidos estableciéndose en Massachusetts. Se casó dos veces, ha procreado cuatro hijos, compró una casa, comenzó un negocio y se mantenía en un trabajo estable, para ayudar a mantener sus hijos. El segundo matrimonio fue con la dominicana Katherine Ramos quien le solicitó la residencia, aprobada después que el oficial de inmigración, entrevistara a la pareja por separado y determinara que el matrimonio es legal, con una hija, Jade Arriaga Ramos de tres meses de edad y le aprobó la tarjeta verde.
Ellos estaban alegres, felices y celebrando en una sala de espera de las oficinas de la Agencia de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS), cuando Leandro fue llamado de nuevo y puesto en custodia de agentes de la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE).
Dieciséis años después de que llegó a Puerto Rico en la yola, con 60 personas a bordo, las órdenes ejecutivas migratorias de Donald Trump, lo han atrapado.
Los agentes de la ICE con base en Lawrence, con una comunidad latina de 77.000 inmigrantes, la mayoría dominicanos, y conocida como “Ciudad de Inmigrantes”, detuvieron a cinco personas incluyendo a Arriaga.
La detención de Leandro y demás latinos, provocó protestas de activistas comunitarios y líderes políticos, contra las redadas de la policía migratoria.
Durante su arresto, un agente de la ICE le preguntó a Arriaga si quería despedirse de su esposa. Él dijo que no, el abrazo sería insoportable para los dos. Se fue sin verla y fue recluido en la cárcel Bristol House of Corrections en el poblado de North Dartmouth en Massachusetts.
“Sabía que iba a ser muy triste”, dijo Leandro en una entrevista telefónica con el periódico Salem News desde la cárcel, sobre por qué se fue sin ver a su esposa. “Es difícil para mí”, dijo Arriaga.
Katherine alumbró su primer hijo, la niña que nació el 15 de diciembre de 2016. Arriaga tiene tres hijos de otro matrimonio, de 8, 9 y 13 años, que viven con su madre en una ciudad vecina a Salem.
La abogada de Arriaga, Tania Palumbo, dijo que la orden de deportación final emitida recientemente contra él, significa que puede ser deportado a la República Dominicana en cualquier momento. Ella dijo que pedirá una suspensión de la decisión.
La orden de deportación es la segunda contra Arriaga. La primera se emitió cuando fue arrestado hace 16 años, después de que bajó del barco en Puerto Rico. En ese momento, una orden de salida voluntaria le obligaba a regresar por su cuenta a la República Dominicana. En su lugar, consiguió llegar a los Estados Unidos.
Shawn Neudauer, un portavoz de la ICE, no reveló detalles sobre el caso de Arriaga y los otros cuatro, incluyendo sus nombres y ciudades natales. Paulia Grenier, portavoz de la USCIS, también se negó a dar detalles sobre los detenidos por la ICE.
La estación de radio en Boston WBUR informó que tres de los cinco, habían ido a la USCIS para presentar solicitudes de residentes legales permanentes.
La estación informó que uno de ellos, es una mujer brasileña que como Arriaga, recibió una orden de deportación antes de casarse con un ciudadano estadounidense. La estación no dijo dónde vivía la brasileña en los Estados Unidos.
El año pasado el ayuntamiento de Lawrence ordenó a la policía local que no cooperara con los agentes de ICE que buscan identificar y deportar a los residentes indocumentados, a menos que los agentes tengan una orden judicial para sus arrestos, firmadas por un juez.
La votación del Consejo Municipal añadió a Lawrence a las decenas de municipios que se han declarado ciudades santuarios.
La abogada en inmigración, Zoila Gómez, que trabaja en Lawrence con Palumbo, dijo que Arriaga primero solicitó residencia legal permanente el primero de marzo de 2016, cuando se le dio poca oportunidad de ganar la presidencia a Donald Trump.
Ella dijo que decidió continuar con la aplicación después de la elección de Trump, en parte porque su solicitud había servido como una alerta a la USCIS de que él estaba en Estados Unidos.
Sus peores temores se dieron cuando la agencia notificó al ICE acerca de su reciente entrevista.
“Leandro, con la nueva administración, existe la posibilidad de que te arresten en tu entrevista. ¿Todavía quieres seguir adelante?”, le preguntó la abogada Gómez. Él dijo que sí. De lo contrario, su petición para la residencia, tendría que ser retirada y no habría ninguna esperanza para tratar de anular la orden de deportación que pesaba sobre él durante 16 años.
La pareja reside en una casa en la calle Warren comprada por Katherine y Leandro en 2012. La esposa dijo que sus preocupaciones se están multiplicando. Sin la ayuda de él, ella no podría administrar sola la pequeña empresa de bienes raíces que su esposo tiene con dos casas en Lawrence y tres en la vecina ciudad de Springfield.
Katherine llegó a Estados Unidos con su madre en 2009, ocho años después de Leandro. Su abuela patrocinó su residencia y la ayudó con el proceso de ciudadanía.
Un amigo mutuo se la presentó a Leandro en 2010. Compraron la casa en 2012, se mudaron juntos y se casaron en el ayuntamiento de Lawrence en 2015.
Ella dijo que cada uno vino a los Estados Unidos por las mismas razones simples: “mejores empleos, mejor educación y mejores vidas”.
Ellos estaban alegres, felices y celebrando en una sala de espera de las oficinas de la Agencia de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS), cuando Leandro fue llamado de nuevo y puesto en custodia de agentes de la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE).
Dieciséis años después de que llegó a Puerto Rico en la yola, con 60 personas a bordo, las órdenes ejecutivas migratorias de Donald Trump, lo han atrapado.
Los agentes de la ICE con base en Lawrence, con una comunidad latina de 77.000 inmigrantes, la mayoría dominicanos, y conocida como “Ciudad de Inmigrantes”, detuvieron a cinco personas incluyendo a Arriaga.
La detención de Leandro y demás latinos, provocó protestas de activistas comunitarios y líderes políticos, contra las redadas de la policía migratoria.
Durante su arresto, un agente de la ICE le preguntó a Arriaga si quería despedirse de su esposa. Él dijo que no, el abrazo sería insoportable para los dos. Se fue sin verla y fue recluido en la cárcel Bristol House of Corrections en el poblado de North Dartmouth en Massachusetts.
“Sabía que iba a ser muy triste”, dijo Leandro en una entrevista telefónica con el periódico Salem News desde la cárcel, sobre por qué se fue sin ver a su esposa. “Es difícil para mí”, dijo Arriaga.
Katherine alumbró su primer hijo, la niña que nació el 15 de diciembre de 2016. Arriaga tiene tres hijos de otro matrimonio, de 8, 9 y 13 años, que viven con su madre en una ciudad vecina a Salem.
La abogada de Arriaga, Tania Palumbo, dijo que la orden de deportación final emitida recientemente contra él, significa que puede ser deportado a la República Dominicana en cualquier momento. Ella dijo que pedirá una suspensión de la decisión.
La orden de deportación es la segunda contra Arriaga. La primera se emitió cuando fue arrestado hace 16 años, después de que bajó del barco en Puerto Rico. En ese momento, una orden de salida voluntaria le obligaba a regresar por su cuenta a la República Dominicana. En su lugar, consiguió llegar a los Estados Unidos.
Shawn Neudauer, un portavoz de la ICE, no reveló detalles sobre el caso de Arriaga y los otros cuatro, incluyendo sus nombres y ciudades natales. Paulia Grenier, portavoz de la USCIS, también se negó a dar detalles sobre los detenidos por la ICE.
La estación de radio en Boston WBUR informó que tres de los cinco, habían ido a la USCIS para presentar solicitudes de residentes legales permanentes.
La estación informó que uno de ellos, es una mujer brasileña que como Arriaga, recibió una orden de deportación antes de casarse con un ciudadano estadounidense. La estación no dijo dónde vivía la brasileña en los Estados Unidos.
El año pasado el ayuntamiento de Lawrence ordenó a la policía local que no cooperara con los agentes de ICE que buscan identificar y deportar a los residentes indocumentados, a menos que los agentes tengan una orden judicial para sus arrestos, firmadas por un juez.
La votación del Consejo Municipal añadió a Lawrence a las decenas de municipios que se han declarado ciudades santuarios.
La abogada en inmigración, Zoila Gómez, que trabaja en Lawrence con Palumbo, dijo que Arriaga primero solicitó residencia legal permanente el primero de marzo de 2016, cuando se le dio poca oportunidad de ganar la presidencia a Donald Trump.
Ella dijo que decidió continuar con la aplicación después de la elección de Trump, en parte porque su solicitud había servido como una alerta a la USCIS de que él estaba en Estados Unidos.
Sus peores temores se dieron cuando la agencia notificó al ICE acerca de su reciente entrevista.
“Leandro, con la nueva administración, existe la posibilidad de que te arresten en tu entrevista. ¿Todavía quieres seguir adelante?”, le preguntó la abogada Gómez. Él dijo que sí. De lo contrario, su petición para la residencia, tendría que ser retirada y no habría ninguna esperanza para tratar de anular la orden de deportación que pesaba sobre él durante 16 años.
La pareja reside en una casa en la calle Warren comprada por Katherine y Leandro en 2012. La esposa dijo que sus preocupaciones se están multiplicando. Sin la ayuda de él, ella no podría administrar sola la pequeña empresa de bienes raíces que su esposo tiene con dos casas en Lawrence y tres en la vecina ciudad de Springfield.
Katherine llegó a Estados Unidos con su madre en 2009, ocho años después de Leandro. Su abuela patrocinó su residencia y la ayudó con el proceso de ciudadanía.
Un amigo mutuo se la presentó a Leandro en 2010. Compraron la casa en 2012, se mudaron juntos y se casaron en el ayuntamiento de Lawrence en 2015.
Ella dijo que cada uno vino a los Estados Unidos por las mismas razones simples: “mejores empleos, mejor educación y mejores vidas”.
