El expresidente Hipólito Mejía negó esta noche que durante su mandato haya actuado al margen de la ley en el caso de la empresa brasileña Odebrecht y aseguró que no tiene nada que ocultar sobre su conducta como figura pública. Garantizó que estaría en la disposición de retirarse de la vida política y entregar su patrimonio al Estado, si cualquier persona puede demostrar de manera cierta y veraz, que en el ejercicio de sus funciones públicas o en sus actividades privadas, tanto él como su esposa, hermana y sus hijos cometieron algún acto de corrupción.
Durante un discurso transmitido por una red de medios de comunicación, el exmandatario se refirió a los dos proyectos en que estuvo involucrada la compañía Odebrecht durante su mandato.
Dijo que el primer proyecto que involucró a la Odebrecht, en su gobierno, fue el Acueducto de la Línea Noroeste, y que al asumir la Presidencia encontró un contrato de préstamo por un monto de 129 millones de dólares, que había sido aprobado el 7 de octubre del 1999, por el gobierno presidido por Leonel Fernández, para este importante proyecto.
“Decidí darle continuidad a ese proyecto porque conozco, desde hace mucho tiempo, la relevancia del agua potable para mejorar la calidad de vida de los residentes de la Línea Noroeste. De manera muy personal, me sentí en el deber, como presidente, de hacer realidad el sueño de Antonio Guzmán y José Francisco Peña Gómez de dotar agua a esa región”, expresó.
De acuerdo a Mejía, el proyecto original fue reformulado para conseguir dos objetivos: primero, llevar agua potable a comunidades no incluidas en el diseño original, tales como Navarrete, en la provincia de Santiago; Manzanillo, en la provincia de Montecristi; y Carbonera, en la provincia de Dajabón; y la Loma del Flaco, en la provincia de Valverde, entre otras.
En segundo lugar, se buscaba que el acueducto funcionara por gravedad, en lugar de usar bombas de impulsión. Al distribuir el agua por gravedad, los costos de operación del acueducto se reducirían considerablemente durante su vida útil. Explicó que el contrato de ejecución de esta obra fue adjudicado a un consorcio integrado por las empresas brasileñas Andrade Gutierres y Odebrecht.
Señaló que los cambios introducidos al diseño de esta obra, para alcanzar los objetivos antes mencionados, resultaron en una modificación del presupuesto original de 129 a 141 millones de dólares, solo para el Acueducto de la Línea Noroeste.
“Al término del gobierno que presidí, el Acueducto de la Línea Noroeste no estaba concluido. Correspondió al nuevo gobierno continuar esa obra”, indicó.
Agregó que el otro proyecto contratado con la empresa brasileña, durante su mandato, fue el de la Presa de Pinalito, el cual consistía en la construcción de una central hidroeléctrica en la provincia Monseñor Nouel, aguas arriba de la presa de Río Blanco.
“La importancia de esta obra se resumía en dos objetivos principales: el primero era la generación hidráulica de 50 megavatios de energía eléctrica. Y, el segundo, la protección de la cuenca hidrográfica de la presa de Río Blanco. Aunque ese proyecto no se ejecutó durante mi presidencia, considero imperativo explicar los pasos dados por mi gobierno para su formulación y búsqueda de financiamiento”, enfatizó.
Mejía detalló que la viabilidad de esta obra había sido determinada en 1984, es decir 16 años antes del gobierno que presidió, por un estudio de pre factibilidad realizado por la Agencia Internacional de Cooperación Económica (JICA), mediante una donación del gobierno de Japón.
Enfatizó que posteriormente, en julio de 2002, se contrató el estudio de factibilidad y diseño definitivo de esa obra. Ese estudio fue hecho por la empresa M.W. Energy, y el mismo fue pagado con una donación de 400 mil dólares, aportada por el gobierno de los Estados Unidos de América, a través de la Agencia de Comercio y Desarrollo (TDA). Manifestó que basado en los términos técnicos y financieros de ambos estudios, se hizo una invitación a un conjunto de empresas especializadas en este tipo de obras, a fin de que presentaran sus propuestas.
“Este proyecto involucró la obtención de dos préstamos: El primer préstamo se hizo con el Banco Nacional de Desarrollo y Social de Brasil, por el monto de 101 millones 460 mil dólares. El segundo préstamo se hizo con el ABN AMRO Bank, de Holanda, por un monto de 30 millones 260 mil dólares. Es decir, que el monto aprobado para dicho proyecto fue de 131 millones 720 mil dólares”, subrayó.
Refirió que desde octubre de 2002 hasta agosto de 2004 se realizaron tres adenda a este proyecto. “Eso resultó en la prórroga del plazo para la propuesta de financiamiento y para incluir, sin alterar el presupuesto, un estudio de impacto ambiental y la supervisión de la obra, entre otras cosas. Esos cambios representaron un ahorro para el país de seis millones y medio de dólares”.
Narró que aunque para el 2004 ya se habían terminado todos los estudios y disponíamos de los recursos para iniciar la ejecución de la obra, “la prudencia me aconsejó, que en medio de una campaña electoral, era inoportuno iniciar una obra que trascendía el término de mi gobierno. Eso significa que durante mi gobierno no se desembolsaron fondos para la Central Hidroeléctrica de Pinalito”.
Criticó que casi dos meses de que se revelaran al país los hechos que involucran a la Odebrecht, la ciudadanía no ha recibido de las autoridades una explicación convincente de los resultados de sus investigaciones sobre el mismo.
Entiende que esa falta de información ha creado una duda sobre si los responsables de dichos actos recibirán las sanciones correspondientes. Consideró que la decisión tomada por el juez apoderado de la validación del acuerdo del Estado Dominicano y la Odebrecht, de declarar inadmisible dicho acuerdo, añade un nuevo elemento de incertidumbre sobre este caso.
“Estoy convencido de que, con el caso de Odebrecht, la justicia tiene una gran oportunidad de poner freno a la impunidad. Para luchar de verdad contra la impunidad, además de las acciones del sistema judicial, es imperativa la movilización de las ciudadanas y ciudadanos”, sostuvo.
Hipólito Mejía dio su apoyo a la movilización constante y pacífica de la ciudadanía, como ocurre en todo el país.
Asimismo, dijo que no es la primera vez que, de manera irresponsable, se ha insinuado que ha estado involucrado en actos de corrupción. Recordó que se le atribuyó la propiedad de la Finca Aguayo; del Proyecto de Mango de Fundación, en Baní y de la Finca Ganadera de YSURA, en Azua, entre otras. “En todos esos casos, el tiempo demostró que tales aseveraciones eran infundadas”.
“La lucha contra la corrupción siempre ha sido parte fundamental de mis posiciones políticas. Para muchos, la causa por la que no pude alcanzar la victoria en las elecciones del 2012 fue mi posición intransigente ante ese flagelo y mi actitud de no hacer concesiones a quienes perseguían un pacto de impunidad”, expresó el expresidente de la República.
“Reto a cualquier persona que, si puede demostrar de manera cierta y veraz, que en el ejercicio de mis funciones públicas o en mis actividades privadas, tanto mi esposa, mi hermana y mis hijos, como yo, cometimos algún acto de corrupción, estaría en disposición de retirarme de la vida política y entregar mi patrimonio al Estado”, enfatizó.
Durante un discurso transmitido por una red de medios de comunicación, el exmandatario se refirió a los dos proyectos en que estuvo involucrada la compañía Odebrecht durante su mandato.
Dijo que el primer proyecto que involucró a la Odebrecht, en su gobierno, fue el Acueducto de la Línea Noroeste, y que al asumir la Presidencia encontró un contrato de préstamo por un monto de 129 millones de dólares, que había sido aprobado el 7 de octubre del 1999, por el gobierno presidido por Leonel Fernández, para este importante proyecto.
“Decidí darle continuidad a ese proyecto porque conozco, desde hace mucho tiempo, la relevancia del agua potable para mejorar la calidad de vida de los residentes de la Línea Noroeste. De manera muy personal, me sentí en el deber, como presidente, de hacer realidad el sueño de Antonio Guzmán y José Francisco Peña Gómez de dotar agua a esa región”, expresó.
De acuerdo a Mejía, el proyecto original fue reformulado para conseguir dos objetivos: primero, llevar agua potable a comunidades no incluidas en el diseño original, tales como Navarrete, en la provincia de Santiago; Manzanillo, en la provincia de Montecristi; y Carbonera, en la provincia de Dajabón; y la Loma del Flaco, en la provincia de Valverde, entre otras.
En segundo lugar, se buscaba que el acueducto funcionara por gravedad, en lugar de usar bombas de impulsión. Al distribuir el agua por gravedad, los costos de operación del acueducto se reducirían considerablemente durante su vida útil. Explicó que el contrato de ejecución de esta obra fue adjudicado a un consorcio integrado por las empresas brasileñas Andrade Gutierres y Odebrecht.
Señaló que los cambios introducidos al diseño de esta obra, para alcanzar los objetivos antes mencionados, resultaron en una modificación del presupuesto original de 129 a 141 millones de dólares, solo para el Acueducto de la Línea Noroeste.
“Al término del gobierno que presidí, el Acueducto de la Línea Noroeste no estaba concluido. Correspondió al nuevo gobierno continuar esa obra”, indicó.
Agregó que el otro proyecto contratado con la empresa brasileña, durante su mandato, fue el de la Presa de Pinalito, el cual consistía en la construcción de una central hidroeléctrica en la provincia Monseñor Nouel, aguas arriba de la presa de Río Blanco.
“La importancia de esta obra se resumía en dos objetivos principales: el primero era la generación hidráulica de 50 megavatios de energía eléctrica. Y, el segundo, la protección de la cuenca hidrográfica de la presa de Río Blanco. Aunque ese proyecto no se ejecutó durante mi presidencia, considero imperativo explicar los pasos dados por mi gobierno para su formulación y búsqueda de financiamiento”, enfatizó.
Mejía detalló que la viabilidad de esta obra había sido determinada en 1984, es decir 16 años antes del gobierno que presidió, por un estudio de pre factibilidad realizado por la Agencia Internacional de Cooperación Económica (JICA), mediante una donación del gobierno de Japón.
Enfatizó que posteriormente, en julio de 2002, se contrató el estudio de factibilidad y diseño definitivo de esa obra. Ese estudio fue hecho por la empresa M.W. Energy, y el mismo fue pagado con una donación de 400 mil dólares, aportada por el gobierno de los Estados Unidos de América, a través de la Agencia de Comercio y Desarrollo (TDA). Manifestó que basado en los términos técnicos y financieros de ambos estudios, se hizo una invitación a un conjunto de empresas especializadas en este tipo de obras, a fin de que presentaran sus propuestas.
“Este proyecto involucró la obtención de dos préstamos: El primer préstamo se hizo con el Banco Nacional de Desarrollo y Social de Brasil, por el monto de 101 millones 460 mil dólares. El segundo préstamo se hizo con el ABN AMRO Bank, de Holanda, por un monto de 30 millones 260 mil dólares. Es decir, que el monto aprobado para dicho proyecto fue de 131 millones 720 mil dólares”, subrayó.
Refirió que desde octubre de 2002 hasta agosto de 2004 se realizaron tres adenda a este proyecto. “Eso resultó en la prórroga del plazo para la propuesta de financiamiento y para incluir, sin alterar el presupuesto, un estudio de impacto ambiental y la supervisión de la obra, entre otras cosas. Esos cambios representaron un ahorro para el país de seis millones y medio de dólares”.
Narró que aunque para el 2004 ya se habían terminado todos los estudios y disponíamos de los recursos para iniciar la ejecución de la obra, “la prudencia me aconsejó, que en medio de una campaña electoral, era inoportuno iniciar una obra que trascendía el término de mi gobierno. Eso significa que durante mi gobierno no se desembolsaron fondos para la Central Hidroeléctrica de Pinalito”.
Criticó que casi dos meses de que se revelaran al país los hechos que involucran a la Odebrecht, la ciudadanía no ha recibido de las autoridades una explicación convincente de los resultados de sus investigaciones sobre el mismo.
Entiende que esa falta de información ha creado una duda sobre si los responsables de dichos actos recibirán las sanciones correspondientes. Consideró que la decisión tomada por el juez apoderado de la validación del acuerdo del Estado Dominicano y la Odebrecht, de declarar inadmisible dicho acuerdo, añade un nuevo elemento de incertidumbre sobre este caso.
“Estoy convencido de que, con el caso de Odebrecht, la justicia tiene una gran oportunidad de poner freno a la impunidad. Para luchar de verdad contra la impunidad, además de las acciones del sistema judicial, es imperativa la movilización de las ciudadanas y ciudadanos”, sostuvo.
Hipólito Mejía dio su apoyo a la movilización constante y pacífica de la ciudadanía, como ocurre en todo el país.
Asimismo, dijo que no es la primera vez que, de manera irresponsable, se ha insinuado que ha estado involucrado en actos de corrupción. Recordó que se le atribuyó la propiedad de la Finca Aguayo; del Proyecto de Mango de Fundación, en Baní y de la Finca Ganadera de YSURA, en Azua, entre otras. “En todos esos casos, el tiempo demostró que tales aseveraciones eran infundadas”.
“La lucha contra la corrupción siempre ha sido parte fundamental de mis posiciones políticas. Para muchos, la causa por la que no pude alcanzar la victoria en las elecciones del 2012 fue mi posición intransigente ante ese flagelo y mi actitud de no hacer concesiones a quienes perseguían un pacto de impunidad”, expresó el expresidente de la República.
“Reto a cualquier persona que, si puede demostrar de manera cierta y veraz, que en el ejercicio de mis funciones públicas o en mis actividades privadas, tanto mi esposa, mi hermana y mis hijos, como yo, cometimos algún acto de corrupción, estaría en disposición de retirarme de la vida política y entregar mi patrimonio al Estado”, enfatizó.
