Santiago.- El alcalde de este municipio Abel Martínez y el periodista Esteban Rosario no llegaron a acuerdos durante la audiencia de conciliación, que se celebró este viernes en la Segunda Cámara Penal de este distrito judicial, sobre la demanda por difamación e injuria presentada por el ejecutivo municipal contra el comunicador. El tribunal fijó la apertura del juicio para el 24 de marzo de este año.
Luego de la audiencia, Esteban se mostró a favor de la no conciliación y enfatizó que no podía conciliar en ese caso porque él como ciudadano está pidiendo explicación sobre las ejecutorias de Martínez en el Ayuntamiento.
Fue reiterativo al declarar que tiene suficientes pruebas de la denuncia que ha hecho en contra del alcalde.
Abel Martínez, quien no asistió a la audiencia, es representado por el jurista Pedro Balbuena Batista.
En reiteradas ocasiones Martínez ha señaló que no admite que se juegue con su honra y su dignidad.
Según la acusación, Rosario habría difamado e injuriado a Martínez en sus programas de televisión y en las redes sociales al denunciar que en la alcaldía local se habrían adquirido vehículos, motocicletas y realizados trabajos de remozamiento de su oficina sin cumplir con la ley 340 de Compras y Contrataciones Públicas.
Luego de la audiencia, Esteban se mostró a favor de la no conciliación y enfatizó que no podía conciliar en ese caso porque él como ciudadano está pidiendo explicación sobre las ejecutorias de Martínez en el Ayuntamiento.
Fue reiterativo al declarar que tiene suficientes pruebas de la denuncia que ha hecho en contra del alcalde.
Abel Martínez, quien no asistió a la audiencia, es representado por el jurista Pedro Balbuena Batista.
En reiteradas ocasiones Martínez ha señaló que no admite que se juegue con su honra y su dignidad.
Según la acusación, Rosario habría difamado e injuriado a Martínez en sus programas de televisión y en las redes sociales al denunciar que en la alcaldía local se habrían adquirido vehículos, motocicletas y realizados trabajos de remozamiento de su oficina sin cumplir con la ley 340 de Compras y Contrataciones Públicas.
