Santiago.- El Tribunal de Atención Permanente impuso 18 meses de medida de coerción contra tres hombres y una mujer, dos dominicanos y un venezolano, en el allanamiento al Nigth Club Casa Blanca. Por igual, el ministerio público le imputa de lavado de activos, ante el hallazgo de la suma de más de once millones de pesos en efectivo y 800 mil dólares. Esto equivale a la suma de 47 millones de pesos en total.
La magistrada acogió la petición de declarar el caso como complejo e impuso la coerción de 18 meses contra Juan Antonio Fernández Fernández, Jolvert José Ramírez, de nacionalidad venezolana, y Grismelda Acarilis Merejo. Mientras que contra María Magdalena Batista y Jairo Rafael Correa, la jueza le impuso una garantía económica de dos millones de pesos, presentación periódica e impedimento de salida.
La noche del jueves, el ministerio público intervino el lugar ubicado en la carretera Santiago-Licey y encontró el hallazgo de 40 mujeres venezolanas y 5 colombianas.
Tras el caso, la Procuraduría General ha tenido contacto con las autoridades colombianas y venezolanas.
En efecto, se han iniciado las correspondientes investigaciones en cada país, al descubrirse que esta red no trabaja sola.
Este caso, es el resultado de una investigación llevada a cabo durante más de seis meses, que aportó la identificación de la red que captaba, reclutaba, trasladaba y retenía a las mujeres para con ellas lucrarse a través de la explotación sexual.
La fiscal Luisa Liranzo dijo que este hecho se investiga la colocación y uso en el mercado de dinero proveniente de actividades ilícitas.
En este sentido, la imputación que se hace es de Trata de Personas con fines de explotación sexual, comercializar mujeres para fines sexuales, porte y tenencia de armas de manera ilegal, entre las cuales indica la ocupación de más de seis escopetas, así como dos pistolas de alto calibre cuya capacidad de impacto permite penetrar las placas de chalecos antibalas.
Liranzo recordó, que es bueno saber que el delito de lavado no es exclusivo del narcotráfico.
La fiscal titular dijo que en este caso, la explotación sexual, la comercialización el ejercicio de la prostitución a través de intermediarios y en provecho económico de estos mismos, genera ganancias que son susceptibles de persecución por la ley contra Lavado de Activos.
La magistrada acogió la petición de declarar el caso como complejo e impuso la coerción de 18 meses contra Juan Antonio Fernández Fernández, Jolvert José Ramírez, de nacionalidad venezolana, y Grismelda Acarilis Merejo. Mientras que contra María Magdalena Batista y Jairo Rafael Correa, la jueza le impuso una garantía económica de dos millones de pesos, presentación periódica e impedimento de salida.
La noche del jueves, el ministerio público intervino el lugar ubicado en la carretera Santiago-Licey y encontró el hallazgo de 40 mujeres venezolanas y 5 colombianas.
Tras el caso, la Procuraduría General ha tenido contacto con las autoridades colombianas y venezolanas.
En efecto, se han iniciado las correspondientes investigaciones en cada país, al descubrirse que esta red no trabaja sola.
Este caso, es el resultado de una investigación llevada a cabo durante más de seis meses, que aportó la identificación de la red que captaba, reclutaba, trasladaba y retenía a las mujeres para con ellas lucrarse a través de la explotación sexual.
La fiscal Luisa Liranzo dijo que este hecho se investiga la colocación y uso en el mercado de dinero proveniente de actividades ilícitas.
En este sentido, la imputación que se hace es de Trata de Personas con fines de explotación sexual, comercializar mujeres para fines sexuales, porte y tenencia de armas de manera ilegal, entre las cuales indica la ocupación de más de seis escopetas, así como dos pistolas de alto calibre cuya capacidad de impacto permite penetrar las placas de chalecos antibalas.
Liranzo recordó, que es bueno saber que el delito de lavado no es exclusivo del narcotráfico.
La fiscal titular dijo que en este caso, la explotación sexual, la comercialización el ejercicio de la prostitución a través de intermediarios y en provecho económico de estos mismos, genera ganancias que son susceptibles de persecución por la ley contra Lavado de Activos.
