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En el 2007 la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 15 de octubre de cada año como Día Internacional de las Mujeres Rurales con el propósito de llamar la atención de los Estados sobre la necesidad de formular políticas y programas destinados a mejorar la situación de la mujer rural. Más de la mitad de la producción de alimentos a nivel mundial descansa en manos de las mujeres, sin embargo, en América Latina el 40% de las mujeres rurales mayores de 15 años no cuenta con ingresos propios.
En el caso de la República Dominicana, las mujeres rurales continúan mostrando inaceptables indicadores de discriminación, subordinación y marginación social. Estas representan solo el 10% de los trabajadores agrícolas y de esas, sólo el 72% es remunerada por su trabajo[1].
A partir de la adopción de la Ley 55/97 sobre reforma agraria se desarrollaron diversas iniciativas para mejorar el acceso a la tierra, pero solo el 26% de las personas beneficiarias fue mujeres y el tamaño de las parcelas recibidas por las mujeres fue un 30% inferior a la de los hombres[2].
Además de las dificultades para acceder a la tierra, también enfrentan la precariedad e informalidad en los empleos, falta de créditos agropecuarios, falta de asistencia técnica y de capacitación tecnológica. En materia de participación política, social y de acceso a servicios de salud, educación, vivienda y saneamiento básico las mujeres rurales enfrentan grandes desigualdades y exclusión. Por tanto, en ocasión del Día Internacional de la Mujer Rural demandamos del Estado Dominicano:
El reconocimiento del valor económico y la visibilización estadística del trabajo agrícola no remunerado que realizan las mujeres rurales;
Que se tomen medidas para eliminar la discriminación en la remuneración de que son víctimas las trabajadoras asalariadas en el sector agrícola donde todavía por igual trabajo perciben menor salario que los hombres;
Que el Estado tome medidas especiales para mejorar el acceso a la tierra, a la capacitación técnica y al crédito agrícola para las mujeres rurales; Impulsar acciones encaminadas a garantizar la soberanía alimentaria y la participación de las mujeres en el diseño de políticas, planes y programas dirigido al sector agrícola;
Que se tomen medidas para asegurar el acceso de las mujeres rurales a empleo decente, estables y con todas las garantías y protección social que permitan fortalecer su autonomía económica.
En el caso de la República Dominicana, las mujeres rurales continúan mostrando inaceptables indicadores de discriminación, subordinación y marginación social. Estas representan solo el 10% de los trabajadores agrícolas y de esas, sólo el 72% es remunerada por su trabajo[1].
A partir de la adopción de la Ley 55/97 sobre reforma agraria se desarrollaron diversas iniciativas para mejorar el acceso a la tierra, pero solo el 26% de las personas beneficiarias fue mujeres y el tamaño de las parcelas recibidas por las mujeres fue un 30% inferior a la de los hombres[2].
Además de las dificultades para acceder a la tierra, también enfrentan la precariedad e informalidad en los empleos, falta de créditos agropecuarios, falta de asistencia técnica y de capacitación tecnológica. En materia de participación política, social y de acceso a servicios de salud, educación, vivienda y saneamiento básico las mujeres rurales enfrentan grandes desigualdades y exclusión. Por tanto, en ocasión del Día Internacional de la Mujer Rural demandamos del Estado Dominicano:
El reconocimiento del valor económico y la visibilización estadística del trabajo agrícola no remunerado que realizan las mujeres rurales;
Que se tomen medidas para eliminar la discriminación en la remuneración de que son víctimas las trabajadoras asalariadas en el sector agrícola donde todavía por igual trabajo perciben menor salario que los hombres;
Que el Estado tome medidas especiales para mejorar el acceso a la tierra, a la capacitación técnica y al crédito agrícola para las mujeres rurales; Impulsar acciones encaminadas a garantizar la soberanía alimentaria y la participación de las mujeres en el diseño de políticas, planes y programas dirigido al sector agrícola;
Que se tomen medidas para asegurar el acceso de las mujeres rurales a empleo decente, estables y con todas las garantías y protección social que permitan fortalecer su autonomía económica.
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