La mayor ola de protestas en una década en Venezuela ya se ha cobrado 28 vidas, según la fiscalía, mientras en un intento por retomar el orden la máxima corte del país ordenó a alcaldes opositores de Caracas que retiren las barricadas puestas por manifestantes para expresar su descontento con el Gobierno.
La fiscal general, Luisa Ortega, precisó la cifra antes de ir a una reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, al día siguiente de que los enfrentamientos en la ciudad de Valencia, en el centro del país petrolero sudamericano, causaran tres muertos por heridas de bala.
En Caracas y el centro del país las calles parecían estar en orden el jueves, pero las barricadas se mantenían en el estado occidental de Táchira, donde hace más de cinco semanas empezaron los enfrentamientos entre policías y manifestantes, que luego se extendieron al resto de la nación.
Aunque las protestas por la inflación galopante, la escasez de productos básicos y la preocupante delincuencia llevan más de un mes en Venezuela, no hay indicios de que puedan hacer tambalear al presidente Nicolás Maduro, el heredero del fallecido Hugo Chávez que asumió hace 11 meses.
Ortega agregó que los hechos deben ser investigados a fondos para determinar las responsabilidades y que 104 personas detenidas durante los disturbios se mantienen encarceladas y otras 1.293 han sido procesadas y liberadas.
"Se han recibido 27 quejas contra oficiales en diferentes agencias de seguridad del Estado que están bajo sospecha de perpetuar violaciones contra los derechos humanos. De las personas encarceladas, 15 son oficiales de diferentes cuerpos de seguridad", dijo.
ORDEN JUDICIAL
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela emitió un fallo en el que ordena a los alcaldes de los municipios Baruta y El Hatillo, Gerardo Blyde y David Smolansky, respectivamente, "la inmediata remoción de obstáculos y (que) se mantengan las vías y zonas adyacentes libres".
En esos municipios, además del de Chacao, de predominante clase media y alta y todos en el este de Caracas, se han concentrado la mayoría de los disturbios, barricadas y asaltos a la propiedad pública.
"Este municipio está en orden, entonces Nicolás Maduro póngale orden al país, que a usted le ha quedado grande el cargo donde está", reaccionó Smolansky, militante del partido Voluntad Popular de Leopoldo López, el líder opositor encarcelado el mes pasado acusado de azuzar a la violencia.
La circulación en la mayor parte de estos distritos era fluida el jueves.
El miércoles, miles de estudiantes que intentaron marchar hacia el centro de Caracas para exigir que se investiguen las denuncias de torturas a los detenidos fueron replegados por la policía antidisturbios con gases lacrimógenos y chorros de agua, para evitar que se toparan con una manifestación de adeptos a Maduro.
La batalla campal dentro de la Universidad Central de Venezuela fue seguida más tarde por enfrentamientos entre manifestantes y uniformados en el este de Caracas, después de que los manifestantes rompieran escaparates e intentaran incendiar un edificio que es sede de varios organismos públicos.
"MEDIDAS DRÁSTICAS"
Maduro advirtió la noche del miércoles que tomaría "medidas drásticas" contra quienes disparen "contra el pueblo" y agregó que supuestos francotiradores asesinaron a las tres personas en Valencia, incluyendo a un soldado de la Guardia Nacional que intentaba levantar una barricada.
"Se ordenó la actuación de la fuerza pública en las zonas de focos violentos en las próximas horas, así como detención de los financistas y proveedores de estos grupos violentos", dijo la ministra de Comunicación, Delcy Rodríguez, en su cuenta de Twitter @DrodriguezMinci.
La ola de protestas en Venezuela ha generado reacciones dispares en el mundo. Estados Unidos y gobiernos conservadores de la región han pedido diálogo, mientras que gobiernos de izquierda más radicales han apoyado las denuncias de Maduro de un golpe de Estado.
Los cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) acordaron el miércoles, en una reunión en Chile, crear una comisión que asesore y busque mecanismos para recuperar la convivencia política en Venezuela.
El primer encuentro de la comisión deberá tener lugar a más tardar la primera semana de abril.
Los manifestantes han prometido permanecer en las calles hasta que el presidente renuncie, pero el fornido exsindicalista de 51 años ha dicho que no cederá, acusando a la oposición de querer desbancarlo siguiendo el libreto del breve golpe de Estado contra Chávez en 2002.
La fiscal general, Luisa Ortega, precisó la cifra antes de ir a una reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, al día siguiente de que los enfrentamientos en la ciudad de Valencia, en el centro del país petrolero sudamericano, causaran tres muertos por heridas de bala.
En Caracas y el centro del país las calles parecían estar en orden el jueves, pero las barricadas se mantenían en el estado occidental de Táchira, donde hace más de cinco semanas empezaron los enfrentamientos entre policías y manifestantes, que luego se extendieron al resto de la nación.
Aunque las protestas por la inflación galopante, la escasez de productos básicos y la preocupante delincuencia llevan más de un mes en Venezuela, no hay indicios de que puedan hacer tambalear al presidente Nicolás Maduro, el heredero del fallecido Hugo Chávez que asumió hace 11 meses.
Ortega agregó que los hechos deben ser investigados a fondos para determinar las responsabilidades y que 104 personas detenidas durante los disturbios se mantienen encarceladas y otras 1.293 han sido procesadas y liberadas.
"Se han recibido 27 quejas contra oficiales en diferentes agencias de seguridad del Estado que están bajo sospecha de perpetuar violaciones contra los derechos humanos. De las personas encarceladas, 15 son oficiales de diferentes cuerpos de seguridad", dijo.
ORDEN JUDICIAL
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela emitió un fallo en el que ordena a los alcaldes de los municipios Baruta y El Hatillo, Gerardo Blyde y David Smolansky, respectivamente, "la inmediata remoción de obstáculos y (que) se mantengan las vías y zonas adyacentes libres".
En esos municipios, además del de Chacao, de predominante clase media y alta y todos en el este de Caracas, se han concentrado la mayoría de los disturbios, barricadas y asaltos a la propiedad pública.
"Este municipio está en orden, entonces Nicolás Maduro póngale orden al país, que a usted le ha quedado grande el cargo donde está", reaccionó Smolansky, militante del partido Voluntad Popular de Leopoldo López, el líder opositor encarcelado el mes pasado acusado de azuzar a la violencia.
La circulación en la mayor parte de estos distritos era fluida el jueves.
El miércoles, miles de estudiantes que intentaron marchar hacia el centro de Caracas para exigir que se investiguen las denuncias de torturas a los detenidos fueron replegados por la policía antidisturbios con gases lacrimógenos y chorros de agua, para evitar que se toparan con una manifestación de adeptos a Maduro.
La batalla campal dentro de la Universidad Central de Venezuela fue seguida más tarde por enfrentamientos entre manifestantes y uniformados en el este de Caracas, después de que los manifestantes rompieran escaparates e intentaran incendiar un edificio que es sede de varios organismos públicos.
"MEDIDAS DRÁSTICAS"
Maduro advirtió la noche del miércoles que tomaría "medidas drásticas" contra quienes disparen "contra el pueblo" y agregó que supuestos francotiradores asesinaron a las tres personas en Valencia, incluyendo a un soldado de la Guardia Nacional que intentaba levantar una barricada.
"Se ordenó la actuación de la fuerza pública en las zonas de focos violentos en las próximas horas, así como detención de los financistas y proveedores de estos grupos violentos", dijo la ministra de Comunicación, Delcy Rodríguez, en su cuenta de Twitter @DrodriguezMinci.
La ola de protestas en Venezuela ha generado reacciones dispares en el mundo. Estados Unidos y gobiernos conservadores de la región han pedido diálogo, mientras que gobiernos de izquierda más radicales han apoyado las denuncias de Maduro de un golpe de Estado.
Los cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) acordaron el miércoles, en una reunión en Chile, crear una comisión que asesore y busque mecanismos para recuperar la convivencia política en Venezuela.
El primer encuentro de la comisión deberá tener lugar a más tardar la primera semana de abril.
Los manifestantes han prometido permanecer en las calles hasta que el presidente renuncie, pero el fornido exsindicalista de 51 años ha dicho que no cederá, acusando a la oposición de querer desbancarlo siguiendo el libreto del breve golpe de Estado contra Chávez en 2002.
