Gran parte del país vio los batazos que un hombre le dio en la cabeza a Jonathan
de Jesús Minaya, acusado de matar de 25 puñaladas en la cabeza a su pareja en la
cabeza hace unos días. Este vídeo recorrió el país. Los agresores están
plenamente identificados, sin embargo no han sido detenidos ni investigados por
las autoridades.
Este caso es parte de la impunidad que existe para las personas que son
atrapadas cometiendo delitos infraganti como asalto y feminicidios. Constantemente la prensa dominicana reseña hechos de sangre en los cuales son
atacadas con piedras, palos, tubos de metal, armas blancas y de fuego,
arrastradas con sogas y hasta quemadas aquellas personas identificadas como
delincuentes. Esto a
juicio de religiosos, abogados y psiquiatras es muestra de ira acumulada
ante lo que la población muchas veces entiende es producto de dejadez por parte
de las autoridades que deben perseguir el delito.
En sobradas ocasiones la Policía ha tenido que rescatar de turbas enardecidas
a personas mientras son agredidas por alegadamente cometer hechos
delincuenciales in fraganti. Hace alrededor de tres años y medio, en una comunidad de San Cristóbal, una
turba linchó a cuatro hombres que eran perseguidos por supuestamente dedicarse a
robar y asaltar. Nada hicieron las autoridades para dar con los
“ajusticiadores”.
Al respecto, el jurista Cándido Simón señala que entre las causas de estas
violentas acometidas están el incremento deliberado de la actividad delictiva,
la falta de fe entre la población de que la autoridad formalmente establecida
vaya a resolver el problema de seguridad ciudadana, que la sociedad está
enardecida, la pérdida de credibilidad de la Policía, Fuerzas Armadas, fiscales,
jueces, líderes políticos y de los gobernantes, además de la presencia de una
política pública, a su juicio errada, que enfatiza más la persecución que la
prevención del delito.
Ante la interrogante: ¿Por qué no se persigue a las personas que toman la
justicia en sus manos ante el delito?, Simón explica que nadie quiere atestiguar
contra los atacantes de quienes le roban y le ultrajan. También advierte de una
especie de tolerancia por parte de la autoridad y de la gente hacia las personas
que toman venganza de este modo.
Sobre el accionar policial advierte que la persecución muchas veces está
acompañada del asesinato de los delincuentes: “Matar un delincuente es un acto
delictivo, usted está dando un mal ejemplo”. Aclara que los linchamientos
constituyen una usurpación de funciones, ya que la persecución del delito
corresponde al Estado, y que en la legislación dominicana existe un mayor
castigo para el homicidio que para el robo. “Si usted mata una gente porque la encuentra robando, usted es susceptible de
ser condenado a 20 ó 30 años de prisión por asesinato o por homicidio, que está
prohibido por la ley.
Ahora, cuando una turba de personas comienza a golpear a
un ladrón hasta matarlo, eso es asesinato y está tipificado por los artículos
295, 296 y 297 del Código Penal porque participan dos o más personas”, advierte
Simón pero aclara que la defensa legítima sí está contemplada en la referida
legislación. De su lado, el presidente del Comité Dominicano de los Derechos Humanos,
Virgilio Almánzar, explica que la ausencia de sometimientos a quienes deciden
tomar la Justicia en sus manos se debe a que muchas veces los familiares de
quienes son linchados, que es a quienes corresponde constituirse en parte civil
para querellarse por estos casos, sienten vergüenza de querellarse contra los
agresores de sus parientes, quienes recurrentemente ya han sido señalados por la
Policía como infractores de la ley.
Aclara que los grupos de defensa de los
Derechos Humanos solo se hacen cargo de estos casos con la anuencia de la
familia de las víctimas. Sobre el aumento de estos hechos de sangre advierte: “Si no tuviéramos la
prensa como la que tenemos, aquí los linchamientos fueran el doble o el
triple”. Almánzar explica que para poder superar este auge de linchamientos son
necesarios cambios en la Policía y en el accionar del Ministerio Público:
“Nosotros necesitamos hacer una reforma policial, pero también tenemos un
Ministerio Público irresponsable, empezando por el procurador de la República
que nunca ha hecho una investigación independiente de la Policía Nacional de los
casos para que eso también pueda aminorar y bajar”.
Ante hechos similares ocurridos en Santiago, la fiscal de esta provincia,
Luisa Liranzo, ha señalado que nadie puede tomar justicia en sus manos y mucho
menos actuar como si se tratara de la antigua ley del Talión: “Ojo por ojo,
diente por diente”. En sentido general, la sociedad está haciendo justicia por sus manos y acepta
que haya impunidad para los “ajusticiadores”.